En medio de su plan de reestructuración estatal, el Gobierno anunció que avanzará con el cierre de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP), dos entidades bajo la órbita del Ministerio de Economía, actualmente dirigido por Luis Caputo. La decisión responde a la política del Ejecutivo de eliminar estructuras que “duplican funciones y atribuciones” de otras áreas gubernamentales. Según fuentes cercanas al Gobierno, Corredores Viales y la AGP “no tienen razón de ser” y sus funciones podrían ser absorbidas por otras dependencias estatales. En el caso de Corredores Viales, que emplea a 3565 personas y gestiona alrededor de 6000 kilómetros de autopistas, el Ejecutivo considera que sus tareas se solapan con las de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Por su parte, la AGP, una sociedad del Estado con 581 empleados está encargada de la regulación del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal, tareas que también son desempeñadas por la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. El encargado de llevar a cabo los cierres y privatizaciones es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Desde la Casa Rosada señalan que esta medida se alinea con la Ley Bases, que otorga al presidente amplias facultades para eliminar organismos y transferir competencias a las provincias. Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas que incluyen el cierre de otras entidades públicas. La semana pasada, se anunció la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano, que implica la desvinculación de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Además, se oficializó la eliminación del Instituto Argentino del Transporte (IAT). Con este plan de ajuste, el Gobierno busca optimizar los recursos del Estado y reducir el gasto público, aunque el impacto sobre el empleo y los servicios está generando preocupación en diversos sectores. Los empleados afectados por estas disoluciones serán reubicados o capacitados para nuevas funciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Bases, que garantiza un año de salario con goce de sueldo durante el proceso de transición. La administración actual sigue impulsando reformas profundas en las empresas y organismos públicos, con el objetivo de reducir estructuras burocráticas que considera redundantes.
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