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En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, la Cámara de Diputados debatió una de las reformas electorales claves impulsadas por el Gobierno para los comicios de 2025: el régimen de Ficha Limpia. Esta iniciativa, liderada por el bloque del PRO, busca impedir que personas con condenas judiciales puedan ser candidatas a cargos electivos. El proyecto obtuvo dictamen favorable y genera expectativas de lograr la media sanción en las próximas semanas, aunque persisten diferencias sobre el alcance y los criterios de exclusión. La iniciativa, propuesta por la diputada bonaerense Silvia Lospennato (PRO), incorpora un inciso al artículo 33 de la Ley N°23.298, estableciendo que aquellos condenados por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos o enriquecimiento ilícito, entre otros, no puedan postularse a cargos electivos. Durante su intervención, Lospennato subrayó la importancia de la medida para combatir la corrupción, destacando que la restricción de candidaturas busca “salvaguardar el interés público”. A pesar del apoyo de bloques como la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza (LLA), el proyecto enfrenta cuestionamientos respecto a las etapas del proceso judicial que se tomarán como referencia para impedir candidaturas. Algunos sectores insisten en que sólo deben ser excluidos aquellos con condena firme, mientras otros abogan por incluir delitos más graves, como narcotráfico y homicidio, en los parámetros de la ley. El diputado Fernando Carbajal (UCR) sugirió establecer un mínimo de tres años de condena como criterio de exclusión. El oficialismo, representado por Unión por la Patria, se opone a la reforma en su forma actual, argumentando que podría usarse como herramienta de lawfare contra su dirigencia. La diputada Mónica Litza advirtió que el dictamen mayoritario otorga “un status de juzgamiento que la ley no contempla” y reclamó un monitoreo más estricto del Poder Judicial. Martín Soria, también de Unión por la Patria, apeló a jurisprudencias de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que contradirían la implementación de la Ficha Limpia. Entre las propuestas alternativas presentadas por la oposición, el bloque oficialista sugirió excluir del proceso electoral a aquellos condenados por delitos económicos o con vínculos con empresas offshore, en un intento por ampliar los alcances de la reforma. Sin embargo, estas propuestas aún no han alcanzado consenso. El proyecto de Ficha Limpia se suma a otras reformas electorales en discusión, como el voto en el extranjero y la implementación de la Boleta Única de Papel, ambas con apoyo del Gobierno. Aunque se mantiene cierta expectativa sobre la eliminación o modificación de las PASO, su aprobación parece menos probable en el corto plazo. La sesión plenaria dejó en evidencia las tensiones sobre cómo fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos electorales, con un debate que promete intensificarse cuando la propuesta llegue al recinto en las próximas semanas.

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