Javier Milei está a un paso de firmar el decreto que vetará la reforma jubilatoria aprobada recientemente por el Congreso. Antes de dar este paso crucial, Milei se reunirá con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO) y Oscar Zago (MID) para explicarles los motivos detrás de su decisión. También estará presente Gabriel Bornoroni, representante de La Libertad Avanza (LLA). La Casa Rosada no descarta una comunicación oficial a través de los canales gubernamentales para explicar al público la argumentación técnica del veto. Mientras tanto, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, junto a su equipo, está finalizando los detalles del decreto que será firmado junto a los ministros. “Nuestra intención es que el veto se firme para que se publique el lunes en el Boletín Oficial. Queremos hablar antes con los diputados para contarles en buenos términos por qué tomamos esa decisión y luego firmarlo”, comentó un funcionario cercano a Milei. El mandatario también busca asegurar que los bloques aliados en Diputados no apoyen el rechazo al veto que la oposición está preparando. Además, intenta que Oscar Zago se acerque nuevamente a La Libertad Avanza mediante un interbloque. Por su parte, el Gobierno está interesado en que el PRO también se sume a esta alianza, aunque Mauricio Macri, expresidente y líder del PRO, lo descartó por el momento: “Faltan varias instancias para poder unificar las fuerzas en el Congreso”, señaló un dirigente cercano a Macri. En medio de estas negociaciones, el Ejecutivo también pidió a sus legisladores mantener un perfil bajo tras las recientes expulsiones de la diputada Lourdes Arrieta y del senador Francisco Paoltroni de los bloques oficialistas. “Tienen que votar las propuestas del presidente y evitar ampliar el ruido interno”, afirmó un colaborador. El veto presidencial se basará en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, argumentando que la reforma jubilatoria representa una “irresponsabilidad fiscal”. A pesar de haber propuesto modificaciones en los artículos 2, 4 y 10 de la ley, el Ejecutivo no obtuvo una respuesta favorable del Congreso. La reforma que se vetará incluye un aumento adicional al sistema previsional, representado en un incremento anual del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de la garantía de un haber previsional mínimo equivalente al último valor de la canasta básica multiplicado por 1,09. La Casa Rosada también criticó duramente el artículo 10 de la ley, que establece la cancelación de deudas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con las provincias mediante recursos tributarios con asignación específica a la seguridad social.
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