El Ministerio de Defensa presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una reforma al artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, permitiendo que las Fuerzas Armadas intervengan dentro del territorio nacional ante actos considerados “terroristas”. La iniciativa, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa en la Casa Rosada, ya comenzó a generar reacciones mixtas y promete acalorados debates en el Congreso. Adorni explicó que la reforma “busca incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis, permitiendo a las Fuerzas Armadas trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad en acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”. Estas intervenciones estarían limitadas en el tiempo y permitirían la detención en flagrancia. “El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas”, afirmó Adorni: “Se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”. Adorni también destacó que esta medida se diferencia de las gestiones anteriores al enfrentar los problemas con el “peso de la ley”. Actualmente, la Ley de Seguridad Interior permite el despliegue de unidades militares en seguridad interna únicamente bajo declaración de estado de sitio, en circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción. La reforma impulsada por el ministro de Defensa, Luis Petri, con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “busca eludir la necesidad de declarar el estado de sitio”. En su lugar, la actuación militar estaría supeditada a un pedido expreso de un comité de crisis que definiría los hechos como acciones terroristas que producen conmoción interna. Además, la propuesta establece que el patrullaje militar debe estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad y que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser solicitada expresamente por el gobernador de la provincia afectada, siguiendo la misma lógica que los operativos de fuerzas de seguridad federales en las provincias. En el caso de que se decida el despliegue de fuerzas armadas, las unidades militares deberán reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, similar a los procedimientos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La iniciativa encontró oposición en diversos sectores políticos que temen una militarización excesiva y una posible violación de derechos civiles. Se espera que el debate en las comisiones del Congreso sea intenso y prolongado, dado el impacto potencial de esta reforma en la seguridad y las libertades civiles del país.
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