El juez federal Sebastián Casanello aceptó al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovello, como querellante en la investigación sobre presuntas amenazas y extorsiones cometidas por dirigentes piqueteros contra beneficiarios de planes sociales. Esta decisión es parte de una causa que sigue bajo secreto de sumario. La investigación avanzó con la reciente inhibición de bienes de 27 imputados y el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Tras una serie de allanamientos en domicilios y comedores ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, las autoridades “buscan determinar si los delitos fueron cometidos individualmente por algunos dirigentes, o si se trataba de un plan organizado con la participación de los líderes de cada organización”. Uno de los focos principales de la investigación es el destino del dinero recaudado mediante estos mecanismos extorsivos. Se identificó que, a través de la extorsión, “se retenía un porcentaje de los ingresos de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y se vendían bolsones de comida que debían ser distribuidos gratuitamente”. En este contexto, se investiga la posible participación del Polo Obrero en la canalización de fondos ilícitos mediante una cooperativa de trabajo denominada “El Resplandor Limitada”. Esta cooperativa fue presidida por María “Tango” Dotti, quien fue allanada el pasado lunes y en cuyo domicilio se encontraron 54 mil dólares. El fiscal Gerardo Pollicita, quien está a cargo del caso junto con el juez Casanello, mencionó en su dictamen que las cuentas bancarias de esta cooperativa “habrían recibido parte del dinero ilícito”. Dotti, quien presidió la cooperativa desde 2010 hasta julio de 2022, sigue vinculada a la misma como representante ante la AFIP y apoderada ante el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Además, se está investigando si los dirigentes piqueteros implementaron un sistema de extorsión y amenazas para obligar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo a participar en marchas, ceder un porcentaje de sus beneficios (entre el 2 y el 5%), y pagar por los bolsones de comida que debían recibir gratuitamente. Estas medidas judiciales afectan a referentes de organizaciones como el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Las denuncias incluyen testimonios y pruebas presentadas por los propios beneficiarios de los planes sociales, quienes han aportado chats y mensajes que evidencian las extorsiones para concurrir a las manifestaciones.
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