El Gobierno nacional decidió tomar medidas drásticas tras descubrir una serie de irregularidades en el funcionamiento de un considerable número de cooperativas en el país. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que más de 11 mil cooperativas serán dadas de baja debido a diversas anomalías detectadas. Estas cooperativas, creadas entre 2020 y 2022, presentaron irregularidades como la falta de presentaciones de balances y domicilios en común. Durante una conferencia de prensa, Adorni explicó que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, tomó la iniciativa de “depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas” después de encontrar “innumerables irregularidades”. Se informó que se suspenderán las operaciones de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, y se llevará a cabo una inspección exhaustiva de otras 4355 cooperativas creadas en 2023. Adorni adelantó que se revocará la autorización para operar a 11.853 cooperativas que fueron suspendidas en 2019 y que, inexplicablemente, el Gobierno anterior decidió seguir financiando. Según declaraciones del vocero presidencial, durante la gestión de Alberto Fernández, el padrón de cooperativas “experimentó un crecimiento del 138%”. Sin embargo, de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, se reveló que el 70% “no presentó balances ni asambleas, el 22% repitió asociados, el 20% utilizó el mismo correo electrónico para registrarse y el 9% compartió domicilio”. Adorni manifestó su sorpresa ante la financiación de instituciones durante tanto tiempo sin la certificación de legalidad adecuada, señalando específicamente el caso de 300 cooperativas asociadas al programa Potenciar Trabajo, a las que se destinaron 34 millones de dólares. En un desarrollo adicional, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra el ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación, Emilio Pérsico. La acusación incluye los delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La denuncia se centra en la facilitación del envío de 473 millones de pesos a dos cooperativas de las que Pérsico había formado parte cuando era funcionario. Se destaca que Pérsico ejercía la supervisión y control de las actividades del programa Potenciar Trabajo, autorizando giros de fondos a las unidades de gestión para la realización de proyectos socio-productivos, socio laborales y socio comunitarios.
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