Un estudio realizado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral llegó a la conclusión que Argentina ha experimentado una elevada y constante presión tributaria en los últimos 20 años, acompañada de una escasa eficiencia en la prestación de servicios y la distribución por parte del Estado. El informe revela que la recaudación no ha sido suficiente para financiar el gasto público, y destaca la complejidad del sistema tributario y los altos niveles de inflación en el país. Luego de la crisis económica de 2001/2002, Argentina ha experimentado un fuerte crecimiento en la presión tributaria, situándose en niveles similares a los países desarrollados, aunque con una estructura y objetivos sustancialmente distintos. La presión impositiva alcanzó su punto máximo en 2015, con un 31,5%. Posteriormente, hubo una reducción al 28,5% en 2018, pero en los últimos años volvió a aumentar hasta alcanzar el 29,8%. En promedio, la presión tributaria ha sido cercana al 30% en las últimas dos décadas. El estudio destaca que los impuestos que más recaudan en Argentina son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), seguido de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, los impuestos provinciales (Ingresos Brutos), el Impuesto a las Ganancias y los derechos de exportación. Estos impuestos representan más del 80% de la recaudación total en el país. De los 165 tributos existentes en los tres niveles de gobierno, sólo 12 generan aproximadamente el 90% de los ingresos, lo que significa que menos del 10% de los tributos existentes representan la mayor parte de la recaudación. El informe también señala que a pesar del alto nivel de presión tributaria, los recursos no parecen ser suficientes para financiar los gastos del Estado. Durante los últimos 26 años, sólo en el año 2004 la recaudación impositiva superó los gastos, y sólo entre 2004 y 2007 se registró un superávit fiscal. El estudio realizado por la Universidad Austral pone de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema tributario argentino, con el objetivo de reducir la presión impositiva, simplificar el sistema y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios por parte del Estado.
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