La llegada del invierno expuso nuevamente las fragilidades del sistema energético argentino. Con temperaturas que golpean a gran parte del país, el Ejecutivo y las distribuidoras se vieron obligados a reactivar un mecanismo ya conocido: la restricción en el expendio de GNC y el suministro a industrias con contratos interrumpibles. La medida, presentada como “habitual” en esta época del año, busca blindar el abastecimiento de los sectores considerados prioritarios: hogares, hospitales y escuelas. No es la primera vez que se aplica este freno. En lo que va de la temporada, ya se contabilizan tres episodios de limitaciones, reflejo de un sistema que se ajusta al ritmo de la demanda y que depende de decisiones rápidas para evitar un colapso. Según datos de Enargas, el consumo de gas superó los 155 millones de metros cúbicos diarios, con más de la mitad destinado a los hogares. Las proyecciones anticipan que la curva seguirá en ascenso mientras el invierno se profundice. En la provincia de Buenos Aires, el impacto es palpable: La Plata, Berisso y Ensenada registran largas filas de automovilistas frente a las escasas estaciones habilitadas. Sólo seis cuentan con contratos firmes, con un tope de 1000 metros cúbicos diarios, lo que genera malestar entre taxistas y remiseros que esta mañana se manifestaron bajo la consigna “Basta de restricción al GNC”. En Córdoba y Santa Fe también se replican los cortes, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano el servicio se mantiene activo, aunque limitado al volumen contratado. El Gobierno insiste en que estas medidas son preventivas y necesarias para resguardar a los usuarios esenciales. Sin embargo, la tensión social crece: los sectores afectados denuncian que la política energética se repite cada invierno sin soluciones de fondo. El frío, una vez más, se convierte en catalizador de un debate que trasciende lo climático y expone la necesidad de una estrategia estructural para garantizar el suministro sin recurrir a parches estacionales.
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