La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) expresó su solidaridad con Lácteos Vidal, cuestionando las acciones tomadas por el sistema judicial, que obligaron a la empresa a readmitir a los 29 empleados que bloquearon su planta en Carlos Casares durante varias semanas en 2022. La Cámara de Apelaciones de Trabajo N°9 ordenó a la compañía a reintegrar los trabajadores que fueron despedidos por unirse a la medida de fuerza promovida por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y pagar una multa de $10,000 por cada día de demora y por cada uno de los 29 empleados afectados, en caso de incumplimiento. Después de conocer la decisión judicial, Alejandra Bada Vázquez, propietaria de la empresa, declaró: “Los despedimos debido a la pérdida de confianza. Han cometido varias infracciones que están todas documentadas en el caso principal, el cual aún está siendo investigado y no ha habido ninguna resolución al respecto. Continuaremos luchando hasta el final. Preferimos morir de pie que vivir arrodillados”. Es en este contexto que Apymel expresó su solidaridad con la empresa y lanzó fuertes críticas a la actuación del sistema judicial, describiendo la situación que muchas empresas del sector enfrentan en relación con los sindicatos: “Nuevamente, estamos presenciando cómo las pymes se convierten en rehenes de medidas de fuerza por parte de poderosos gremios, quienes utilizan y distorsionan de manera inapropiada el derecho constitucional de huelga para lograr resultados a los que difícilmente podrían acceder mediante reclamos o debates legales en los foros apropiados, tal y como establece la legislación vigente”, afirmó Apymel en un comunicado. Además, agregaron: “Este método indebido busca doblegar la voluntad de los empleadores, impidiendo de manera flagrante el derecho al libre comercio y perjudicando el ejercicio de la libre empresa. Esta conducta abusiva y recurrente deja en claro cómo nuestras pymes quedan indefensas y obligadas a acatar lo que se les impone, en una violación total de los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional Argentina”.
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