Alberto Fernández anunció que impulsará el juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en medio de la ofensiva oficial contra el máximo tribunal tras el fallo que ordenó devolverle a la ciudad de Buenos Aires parte de los fondos de recortados de la coparticipación. Fernández informó a través de un comunicado de Presidencia que convocó con este objetivo “a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El mandatario dijo que pedirá que se investigue “la conducta de Rosatti en el desempeño de sus funciones” y de “los restantes miembros del máximo tribunal” y mencionó que en los últimos meses hubo “un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina”. Fernández habló de “diversas publicaciones jamás contradichas” que dijo que evidenciaron lo que denominó como “vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”, en relación a las filtraciones de presuntos chats de un viaje al sur del país de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios. La referencia es además a la supuesta conversación entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y el vocero del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles, mensajes que el funcionario de la ciudad de Buenos Aires dijo que son falsos. Alberto Fernández además aseguró: “Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado. Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mí dependiera. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”. Fernández también afirmó: “Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autónoma. Ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucraría a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo. Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado. Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución”.
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