El Gobierno oficializó la designación como directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública a una militante del Instituto Patria, manejado por la vicepresidente Cristina Fernández. Se trata de Beatriz de Anchorena, que fue confirmada como nueva titular del organismo por un período de cinco años, a pesar de que su nombramiento había sido cuestionada por sus profundos lazos con el corazón del kirchnerismo. A través del Decreto 110/2022 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma de Alberto Fernández, se confirmó que “la candidata cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del cargo referido y no se encuentra incursa en las incompatibilidades”. Además, en el texto resalta que la nueva funcionaria no se ha desempeñado en el transcurso de los últimos cinco años en cargos electivos o partidarios. Además, en el mismo documento se le aceptó la renuncia al cargo que desempeñaba hasta ahora a cargo de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. No obstante, su designación estuvo plagada de respaldo por parte del oficialismo y cuestionamiento por parte de la oposición y organismos sociales debido a sus vínculos políticos. La mujer elegida para ocupar el cargo que estaba vacante desde hace un año es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por Georgetown University y la Universidad Nacional San Martín (UNSAM). Además, es doctorada en Ciencias Sociales de la UBA. Sin embargo, en paralelo al análisis de su amplio recorrido académico, en la audiencia pública del 25 de febrero donde se definió su designación fue muy cuestionada por sus vínculos con el kirchnerismo. De Anchorena es parte de la comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria. “Si bien se reconoce su recorrido profesional en el sector público, su falta de experiencia en datos personales y su pertenencia al Instituto Patria plantean interrogantes con respecto a su idoneidad y autonomía”, alertó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en la audiencia. Entre su argumento, señalan que su vínculo, condicionaría su labor al frente de una Agencia que debe monitorear en su labor cotidiana al Ejecutivo, donde hay varios referentes del Instituto Patria.
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