El Gobierno justificó la decisión de Alberto Fernández de anular el régimen migratorio que aplicó la gestión de Mauricio Macri, que permitía frenar los ingresos de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a quienes fueran acusados de cometer delitos en territorio argentino. ”La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”. La anulación del decreto provocó la inmediata reacción de sectores de la oposición que denunciaron que ahora se favorecerá el ingreso al país de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), cuya directora es María Florencia Carignano divulgó un comunicado en el cual sostiene: “Ante interpretaciones erróneas de la derogación del Decreto 70/17, se ve en la obligación de informar que las herramientas para la expulsión de extranjeros que delinquen, como así también las condiciones de ingreso y permanencia en el país de extranjeros, son exactamente idénticas al DNU dictado por el ex presidente Mauricio Macri y la Ley Nacional de Migraciones”. Una vez conocida la anulación del decreto varios referentes de Juntos por el Cambio habían repudiado la medida adoptada por Alberto Fernández. Tanto Patricia Bullrich como Rogelio Frigerio, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y diputados del radicalismo y del PRO expresaron su indignación a través de las redes sociales. Desde el oficialismo dicen que Alberto Fernández decidió derogar el Decreto 70/17, a la vista que en números y datos concretos, “no significó ninguna mejora en la gestión de fronteras. Por el contrario, fue ampliamente cuestionado por organismos internacionales en el marco de las Naciones Unidas y fue declarado inconstitucional en reiteradas oportunidades por jueces argentinos en distintas instancias. No sirvió para nada y era inconstitucional”. La DNM, además, informó que el principal ingreso irregular al país de extranjeros se produjo durante la vigencia de la disposición impuesta durante el gobierno de Cambiemos en 2019 (DNM 520/19) que autorizó el ingreso al territorio nacional de miles de extranjeros sin documentación para acreditar identidad, sin que esta situación haya podido regularizarse a la fecha. En el final del comunicado de Migraciones se consigna que en esa dependencia, a partir de diciembre de 2019 cuando asumió Fernández, se hicieron denuncias y sumarios internos porque encontraron acciones de espionaje ilegal, falta de protección de datos personales, venta de residencias a ciudadanos chinos, rastreo de redes sociales y hackeo a las cuentas de la DNM.
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