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El laboratorio estadounidense que produce la vacuna “Moderna”, le vendería a la Argentina, pero el producto llegaría al país recién en el segundo semestre del año. El empresario Eduardo Eurnekian habló con Alberto Fernández y lo puso en contacto con la persona que lidera la compañía que ya cerró acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Israel y la Unión Europea. La Casa Blanca desembolsó en Moderna cerca de 1.000 millones de dólares para apoyar la producción a gran escala y la vacuna se muestra efectiva en los grupos de riesgo de mayores de 60 años. Este aspecto técnico es clave: la Sputnik V no alcanza este grupo etario, y aún no se sabe cuándo las autoridades sanitarias de Rusia aprobarán su aplicación. Alberto Fernández dialogó los desarrolladores americanos junto al ministro Ginés González García, Carla Vizzotti, secretaria de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora del jefe de Estado. El pronóstico de Alberto Fernández ratificó que la vacunación en la Argentina dependerá de la buena voluntad del Kremlin. Putin ya remitió 300.000 Sputnik V, dosis una y dos, que se aplicarán a los trabajadores esenciales y a continuación debería llegar un volumen cercano a las 30 millones de dosis antes de que concluya marzo. Pero esta promesa tiene un problema logístico. En Moscú reconocen que esas 30 millones de dosis aún no están todas fabricadas y no dan precisiones respecto a la autorización oficial para aplicar esas vacunas a los mayores de 60 años. Frente a este contratiempo el Gobierno no tiene Plan B. Todavía no se cerró el contrato con la empresa china Sinopharm y, si ello sucediera, el primer embarque de un millón de vacunas recién aterrizaría en Ezeiza hacia mediados de febrero. Y como sucede con la Sputnik V, la vacuna china aún no fue autorizada para aplicar al grupo de riesgo de mayores de 60 años.

La ausencia de un eventual Plan B puede derivar en un nuevo tironeo político entre la Casa Rosada y las 24 provincias. Alberto Fernández debió modificar su plan de prohibir la circulación nocturna para atenuar el rebrote del COVID-19, frente al rechazo de los gobernadores que optaron por una estrategia más laxa para atender el humor social de sus distritos y la compleja situación económica del interior. Esa rebelión política, que se resolvió con un tenue decreto reglamentario, puede tener una escalada si las vacunas rusas no llegan o si la población de determinadas provincias resisten la posibilidad de usar la Sputnik V. Hasta ahora, el Estado Nacional concentra la decisión institucional de comprar las vacunas y después distribuirlas a las 24 provincias. Pero en los últimos días ciertos gobernadores empezaron a evaluar la posibilidad de solicitar al Presidente la autorización para comprar vacunas por fuera del Estado, si lo único que llega es la vacuna rusa, hay resistencia a su uso, o no es posible aplicarla a mayores de 60 años. “Definitivamente, no”, dijo Alberto Fernández en Olivos cuando le preguntaron al respecto y concluyó: “Firmamos acuerdos por 51 millones de dosis, a nadie le faltará su vacuna”.

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