La situación de los formoseños que aún no logran ingresar a su provincia, es verdaderamente alarmante e incomprensible. A casi ocho meses de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el gobierno provincial de Gildo Insfrán, aún no resolvió la situación de más de 7.500 personas que permanecen fuera de Formosa, sin ninguna precisión de cuándo serán autorizados a volver. El escenario reviste tal gravedad que incluso Amnistía Internacional solicitó la intervención de la Corte Suprema de la Nación. En un comunicado, el organismo expresó que había tomado conocimiento de la existencia de al menos 900 personas que presentaron acciones judiciales para volver a sus casas. “El gobernador Insfrán no toma decisión alguna y hay dos situaciones a analizar: una de ellas es la constitucionalidad que ha tomado el gobernador de la provincia, avasallando uno de los derechos constitucionales que es el de transitar libremente. No existe razón alguna para poner límites entre las provincias porque somos un Estado federal. Todos tenemos ese derecho a circular. Es más, ninguna de las decisiones tomadas por DNU por el Poder Ejecutivo han dado tal atribución a los gobiernos de provincia”, sostuvo Diego Armesto, abogado constitucionalista. Para muchos formoseños el contexto es más que dramático. La imposibilidad del regreso presentó diversas situaciones que no han sido atendidas por la provincia que gobierna Insfrán desde hace 25 años. Muchos debieron dormir en la ruta e incluso quedaron a la intemperie en otras provincias por la falta de recursos para retornar y la inseguridad de que allí la Policía de Formosa los dejaría ingresar.
“Tal situación conlleva una colisión normativa que hace que el Poder Judicial, federal en este caso, falle a favor de algunas personas. Pareciera que el gobernador está por encima del Poder Judicial y hace caso omiso de los informes presentados por la Corte. Creo que la única solución es obligar al gobernador y que debería resolver políticamente el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Ministerio del Interior. Hay una grave violación al bloque federal de constitucionalidad”, sostuvo Armesto. El Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa regula mediante una serie de requerimientos la entrada de los formoseños que se encontraban fuera de la provincia antes del 19 de marzo. “Algunas se encuentran esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie. También hay situaciones de salud urgentes que no pueden ser atendidas o bien casos vulnerables a los que se les niega acompañamiento”, redactó Amnistía Internacional. Hace algunos días, Insfrán declaró que “el derecho a la vida está por encima del derecho a la libre circulación”. Sin embargo, tal como remarcó Amnistía Internacional, “cualquier medida que se tome dentro de este marco debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”.
