En medio del debate por el impuesto a la riqueza y el anuncio de Alberto Fernández, sobre el envío del proyecto del aborto al Congreso, los juristas que eligió para que lo asesoren sobre cómo reestructurar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, le entregarán las conclusiones finales a las que arribaron. Los especialistas sugieren una serie de reformas concretas para la Corte Suprema, con la creación de un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial; para el Consejo de la Magistratura, con un cambio en su estructura en donde haya 16 miembros sin tanta presencia política; y para el Ministerio Público, en donde por una mínima diferencia, se promoverá elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores. Pero entre esas sugerencias también plantean que quede eliminada la Oficina Anticorrupción, al menos tal como hoy se la conoce. Es que Alberto Fernández les había pedido a los miembros del consejo asesor, entre otras cuestiones, que respondan sobre la conveniencia de incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo a las fuentes, los expertos decidieron avalar esa propuesta. Entendieron que la función de la OA podía ser integrada a la labor de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Uno de los motores de esa idea del cambio de rol, es el propio titular de la OA actual, Félix Crous. No es un tema menor, teniendo en cuenta la preponderancia que cobró ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con Laura Alonso a la cabeza, promoviendo querellas. Muchas de esas causas apuntaron contra la ex presidenta Cristina Fernández. La OA actual, en tanto, decidió retirarse de su rol de querellante de las causas contra la vicepresidenta, como lo hizo con los casos Los Sauces y Hotesur.
Más allá de estas sugerencias, cuando se analicen las propuestas sobre el Ministerio Público, todas las miradas estarán concentradas en lo que el consejo diga sobre el nombramiento del Procurador General. Un tema sensible para el Gobierno y la oposición, porque cada uno vive su propia interna con la postulación de Daniel Rafecas, el juez elegido por el presidente para ser jefe de los fiscales. Alberto Fernández nominó a Rafecas en marzo pasado y, pandemia mediante, el pliego sigue sin ser analizado por el Senado que, no obstante, decidió ponerse a analizar en la comisión de Justicia, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, los proyectos para recortar el mandato de la Procurador y cambiar la manera de su elección. Hoy, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para ungir a alguien como jefe de los fiscales. En el Senado se propuso cambiar ese número a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los senadores. Serían 37 votos afirmativos de los 72 senadores que ocupan la Cámara Alta, distintos a los 48 que implican los dos tercios. Precisamente, la decisión sobre cómo votar al procurador fue uno de los aspectos más ríspidos que tuvo el consejo en materia de definiciones. En las últimas horas ganó la idea de la mayoría absoluta. Sobre la Corte Suprema, Alberto Fernández recibirá un informe sin recomendaciones para ampliar el número de miembros. Era uno de los temores que más se agitó cuando la comisión fue presentada en público.
