La Confederación General del Trabajo (CGT), analizará la situación socioeconómica y le pediría una audiencia a Alberto Fernández para reclamar por algunas señales que considera preocupantes. La reformulación del Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que dejará de pagar el 50% de los salarios de las empresas en crisis y, la falta de recursos del Gobierno para compensar la caída de las recaudación de las obras sociales, parecen ser las acuciantes problemáticas a solucionar. “Se acabó la maquinita de emitir. No hay más plata en el Estado”, vaticinan en la CGT para caracterizar la etapa que viene, en la que los dirigentes sindicales imaginan fuertes tensiones sociales. Ya pasaron quince días desde que se conformó la primera mesa sectorial formada por funcionarios, empresarios y sindicalistas para reactivar la actividad automotriz y, aunque está previsto hacer algo similar en las próximas semanas con la construcción, el sector textil, calzado y la industria alimenticia, este esquema diseñado por el Gobierno avanza con tiempos demasiado lentos para las rápidas necesidades de recuperación económica que tiene en mente la CGT. La única certeza que tiene el sindicalismo es que los funcionarios les han garantizado que la prohibición de los despidos y la doble indemnización seguirán hasta que la situación económica esté más aliviada. Pero en la central obrera entienden que el acuerdo con el FMI limitará aún más la asistencia que pueda brindar el Gobierno en este contexto de crisis y que Alberto Fernández debería llamar a la dirigencia sindical para que brinde su mirada sobre la “nueva normalidad”.
En la reunión se evaluarán los escenarios que se crean ante la falta de respuesta del Gobierno a algunos aspectos que podrían agravar la crítica situación de las obras sociales: hay temor de que las vacunas contra el COVID-19 tengan que ser financiadas por los sindicatos y que el Poder Ejecutivo no pueda brindar la ayuda adicional para aquellas entidades mediante aportes del Tesoro Nacional. La conducción de la CGT piensa que el siguiente paso que debe dar es pedir una audiencia con Fernández, para plantearle estos temas que desvelan a sus dirigentes. Están convencidos de que el jefe del Estado debe conocer de manera directa la dimensión de los problemas que afrontarán la central obrera y los trabajadores en una post pandemia que estará regida por un estrecho margen de maniobra financiera del Gobierno para asistir a sectores en crisis. La posible llegada de la vacuna contra el COVID-19 inquieta a la CGT por la falta de definiciones oficiales sobre quién las pagará, pero también porque implica un gradual descongelamiento de las elecciones sindicales postergadas: el Ministerio de Trabajo está a punto de dictar una resolución que flexibiliza los impedimentos actuales para que los sindicatos realicen asambleas y congresos como antesala de los procesos electorales suspendidos por la pandemia.
