Alberto Fernández, confirmó que mantiene al juez federal Daniel Rafecas como candidato para ser el Procurador General de la Nación. El primer mandatario ratificó en las últimas horas ante sus allegados que la intención del kirchnerismo de modificar la ley para su elección no le hará cambiar de nombre para el cargo. La procuración general está vacante desde octubre de 2017 cuando renunció Alejandra Gils Carbó, en forma interina está designado Eduardo Casal, por ser el más antiguo de los procuradores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como establece la ley del Ministerio Público en caso de ausencia de procurador. A Casal el Frente de Todos le inició un proceso de juicio político. Desde entonces no se pudo designar al nuevo jefe de los fiscales nacionales y federales de todo el país. Macri propuso a Inés Weinberg de Roca, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, pero no tuvo el aval del bloque del peronismo para aprobarla. Llegó el nuevo gobierno y propuso a Rafecas. La pandemia retrasó el tratamiento del pliego de Rafecas, pero en las últimas semanas el kirchnerismo buscó cambiar el juego. Oscar Parrilli, el senador más cercano a Cristina Fernández, impulsa un proyecto para modificar la ley del Ministerio Público. Con ese cambio, el kirchnerismo también buscaría proponer su candidato que no es Rafecas. La iniciativa fue rechazada por la oposición y Elisa Carrió pidió que Juntos por el Cambio de los votos para aprobar su pliego.
Alberto Fernández, tiene la convicción de mantener el pliego de Rafecas. Cualquier otro nombre requiere su aval y no piensa en otro candidato. El primer mandatario también analizó la iniciativa para modificar las mayorías. Para Fernández ese cambio vendrá acompañado de otros que le darían sentido a la modificación de los dos tercios. Por ejemplo, también se limitaría el período de mandato del procurador a cinco, seis o siete años, según los distintos proyectos. Eso permitiría flexibilizar el número de votos que se requiere. Eso se enfrentaría con la postura de Rafecas. El juez ha dicho que sólo aceptaría ser designado con la aprobación de los dos tercios del Senado. Pero en el gobierno confían en que puede cambiar su opinión si cuenta con el aval de la oposición a pesar del cambio de la mayoría que se requiere. Por otra parte, la comisión de juristas que convocó Fernández debe expedirse sobre el mandato del procurador y el requisito para su selección y destitución. Se trata de la comisión que analiza el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura de la Nación. El próximo 18 de noviembre vence el plazo que el Poder Ejecutivo le dio para presentar sus propuestas.
