Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvieron un duro enfrentamiento a partir del fenómeno de tomas de tierras que se están llevando a cabo en distintas partes del país. Bullrich reclamó directamente a Alberto Fernández que frene “esta insensatez” que “está llevando a la sociedad al límite” porque consideró que “es su responsabilidad” hacerlo: “Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia”, escribió la ex ministra de Seguridad. Cafiero, salió al cruce y le pidió “a la oposición responsabilidad” y aseguró que “no hay ningún” integrante del Gabinete nacional “involucrado en ninguna usurpación”. “Mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos”, resaltó. Las declaraciones de Bullrich van en línea con las que realizó recientemente el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, quien se encuentra reclamando el desalojo de la estancia Casa Nueva, ubicada en la provincia de Entre Ríos, propiedad de su familia y ocupada desde hace un tiempo por un grupo de personas, entre las cuales está su hermana, Dolores. El ex funcionario de Cambiemos denunció que dentro de ese predio también estuvieron presentes (la titular del INADI) Victoria Donda y una señora Verón, del Ministerio de Justicia, además de Sebastián Correa, de la Dirección de Economía Popular. “Detrás de esto, están Juan Grabois y el Ejecutivo nacional. Vemos que Alberto Fernández está respaldando la toma de tierras. Y vemos que la provincia de Entre Ríos tomó esa zona de campo como zona liberada, porque no vemos ninguna acción. El gobernador tomó el argumento de los usurpadores para desentenderse del tema”, consideró Etchevehere.
Días atrás, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio manifestó su más enérgico repudio a las usurpaciones y solicitó con carácter de urgencia, la intervención del Gobierno nacional, a los efectos de preservar el derecho a la propiedad privada y evitar hechos violentos que pongan en riesgo la tranquilidad pública. A través de un comunicado, la bancada encabezada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), consideró que las tomas de predios en diferentes regiones del país son consecuencia de la desidia oficial, que deviene en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores políticos que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho. “Cuando un Gobierno duda en hacer cumplir la ley y en auxiliar a la Justicia para hacer valer los derechos constitucionales, ingresamos en un terreno conflictivo de resolución azarosa. Porque se pone en juego la legitimidad en el ejercicio del poder y la incertidumbre se apodera de los diversos actores económicos y sociales, perjudicando el trabajo, la producción y el desarrollo sostenible de la Argentina”, remarcó el espacio opositor. En esta línea, el interbloque sostuvo que observa “con sorpresa la falta de reacción de la administración central” y advirtió que “las usurpaciones de tierras son señales de inseguridad legal que dañan la credibilidad” de la gestión de Alberto Fernández.
