El juicio oral y público por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez, y en el que está acusada la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, se retomó después de cuatro meses de suspensión por la pandemia del coronavirus. Fue mediante un sistema mixto: el Tribunal Oral y los testigos en una sala de audiencias y el resto de las partes mediante la plataforma digital de Zoom. Fuentes judiciales informaron que las audiencias se iniciaron con la declaración de dos testigos propuestos por uno de los 13 imputados que tiene el caso. El uso de una plataforma digital se escogió ante las medidas sanitarias por el coronavirus que obligan a mantener una distancia social que las salas de audiencias de Comodoro Py no garantizan por la cantidad de personas que forman parte del juicio. Antes del reinicio de las audiencias se hicieron dos pruebas técnicas. La primera presentó problemas de conexión para algunas partes y retraso en el sonido. En la segunda no hubo inconvenientes y los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, pusieron la fecha del 3 de agosto para retomar el juicio. Algunas defensas se opusieron a que el juicio continúe por vía remota, señalando que se pierde la inmediatez que debe tener todo juicio y que podría haber problemas de seguridad. El tribunal rechazó los planteos.
Los jueces, los funcionarios y empleados del tribunal estubieron en una de las salas de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py junto a Marcelo Ramírez y Enrique Romero, propuestos por la defensa del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Por su parte, el fiscal Diego Luciani, los abogados de las querellas de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera y de las 13 defensas estuvieron en la plataforma Zoom. También seis acusados que pidieron seguir la audiencia vía remota. El ex secretario de Obras Públicas José López, el funcionario de Planificación Federal Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y Raúl Pavesi y Periotti. El juicio comenzó en mayo del año pasado y cuando se suspendió en marzo por la pandemia se encontraba en el inicio de la declaración de los testigos. El próximo debía ser Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad y quien presentó la denuncia penal en 2016 que derivó en el juicio. Como el testimonio de Iguacel se prevé extenso y controvertido, algunas defensas pidieron que no declare bajo este sistema de videoconferencia. El tribunal lo aceptó y reprogramó las audiencias por Zoom para testigos que en principio no generarán testimonios largos. La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, había pedido que el juicio sea transmitido por internet para que el público pueda seguirlo ya que por la pandemia no puede concurrir a tribunales. El tribunal rechazó el pedido y dispuso que quien quiera verlo se inscriba para seguirlo por la plataforma Zoom.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos. Están siendo juzgadas 13 personas.
