Mientras aún no se sabe si el proyecto de regulación del teletrabajo será modificado por el Senado, tres entidades empresariales y una ONG expondrán su opinión sobre la iniciativa ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta. Será la última oportunidad que tendrá el sector de los empleadores para convencer a los legisladores de que se cambien los artículos que, según coinciden diversas entidades, desalentará la aplicación de esa modalidad laboral en la Argentina. La Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Argencon y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) fueron las elegidas para brindar su posición en la reunión de la Comisión, que comenzará a las 11 y luego de la cual los senadores resolverán si votan el proyecto tal como se aprobó en Diputados o si lo modifican, con lo cual deberá regresar a la Cámara de baja. La bancada del Frente de Todos deliberó este lunes sobre esta iniciativa y, aunque no trascendieron detalles de lo resuelto, los senadores de Juntos por el Cambio están convencidos de que el oficialismo “tiene voluntad de modificar” la iniciativa.
Los senadores opositores creen que el Frente de Todos podría contemplar algunas de sus objeciones hacia el proyecto. Entre otras, por ejemplo, clarificar el artículo que habla de que el teletrabajo es un contrato de trabajo cuando es, en realidad, una modalidad, o corregir el polémico artículo que contempla la reversibilidad del trabajo remoto con el fin de darle un plazo al empleador para que se organice si el empleado quiere volver a cumplir tareas de manera presencial. También, cambiar lo estipulado en materia de registración obligatoria ante el Ministerio de Trabajo del software que se utilizan en las computadoras de los teletrabajadores. El proyecto comenzó a ser analizado en el Senado el jueves pasado, cuando se reunió la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Daniel Lovera, del Frente de Todos, para escuchar a Moroni y a los titulares de la CGT, Héctor Daer, y de la CTA oficialista, Hugo Yasky, quien también es diputado y fue uno de los promotores del texto aprobado en la Cámara baja. Entre los cuestionamientos que le hicieron llegar las entidades empresariales a Alberto Fernández y al ministro Moroni figuran que de aprobarse el proyecto tal como se aprobó en Diputados se desalentará la modalidad del teletrabajo por un exceso de regulación y por determinados artículos que dificultarán la viabilidad de su aplicación.
