El Gobierno decidirá esta semana sobre la continuidad de la doble indemnización, el instrumento que penaliza el despido sin causa desde diciembre y cuya vigencia se extenderá, por ahora, a más tardar hasta el sábado. Será una definición entre los funcionarios más formalistas, que alegan que la prohibición de despidos que rige hasta agosto choca con la continuidad de un mecanismo que los multa con un pago doble, y quienes sostienen que se demostró como una barrera eficaz para la pérdida de puestos de trabajo en la pandemia. La CGT avisó que reclamará su extensión. La doble indemnización fue instaurada por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 34/19 durante el plazo de 180 días que, según algunos laboralistas, vencerá este miércoles y para otros, el sábado. Aquella normativa declaró la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses y estableció que “en caso de despido sin justa causa” durante ese período los trabajadores “tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”. Sólo dejó al margen las contrataciones celebradas después del decreto. El debate entre funcionarios y asesores sindicales y empresarios surgió por la colisión entre ese DNU y la penalidad que establece con el pago de una indemnización agravada, y el que directamente prohíbe despidos y suspensiones unilaterales durante la cuarentena, dictada por Alberto Fernández en los primeros días del aislamiento derivado de la pandemia del coronavirus. El DNU 329/2020 declaró ineficaces las cesantías por abril y mayo y el 487/2020 prorrogó la decisión por junio y julio.
En lo que va de la pandemia en la Argentina el mercado laboral mostró un panorama sombrío. Sólo en marzo, primer mes de la cuarentena y con dos tercios de actividad, hubo más de cien mil puestos de trabajo que se perdieron. Una proyección de la Universidad Católica establece que hasta mayo unas 900 mil personas se quedaron sin empleo, en su mayoría en rubros informales. La crisis se atemperó por la vigencia de la prohibición de despidos y suspensiones, y de la doble indemnización por un lado, y de los estímulos a las empresas con subsidios al salario y créditos blandos por otro. “Insistimos en que hay que prorrogar la doble indemnización. Es verdad que están prohibidos los despidos pero también es cierto que si alguien baja la persiana y no acepta ninguna reinstalación, no es lo mismo plantear el debate por el puesto de trabajo con la simple indemnización que con la doble. Hay que discutir este tema porque la prohibición existe pero igual hay caída del empleo”, le dijo Héctor Daer, cotitular de la CGT. Los técnicos de la central discuten desde hace días con asesores del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sobre la legalidad de sostener un instrumento redundante con otro que está en plena ejecución.
