Alberto Fernández buscará impulsar en simultáneo la legalización del aborto en centros públicos de salud y el “Plan de los 1000 días”, que busca garantizar la asistencia de madres vulnerables desde el embarazo hasta los 2 años del niño. El objetivo es que el Congreso las trate en conjunto para contener a los sectores enfrentados en el tema. Los proyectos están siendo elaborados en distintas áreas del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación de la secretaría Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra. Para el proyecto integral sobre aborto que va más allá de la despenalización y avanza hacia la legalización, están trabajando en conjunto los ministerios de Salud, de Ginés González García y de las Mujeres, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, mientras que del de asistencia a las embarazadas se está ocupando la cartera de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo.
Ambos proyectos serán parte central del discurso que Fernández pronunciará el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando se inauguren las sesiones ordinarias del Congreso nacional, que marcará los lineamientos de su gestión y cuyo contenido está siendo coordinado por Camilo Vaca Narvaja, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de articular con los equipos técnicos de cada cartera.
La decisión del gobierno de impulsar ambas iniciativas se conoció esta semana desde París, última escala del periplo europeo de Fernández por Europa, y se superpuso con una convocatoria de la cúpula de la Iglesia a una misa en Luján para el 8 de marzo, en la que ratificará su posición contra el aborto y se pedirá “por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”. Si bien el anuncio de la misa fue entendido en algunos ámbitos como una respuesta al anuncio de Fernández, lo cierto es que el Episcopado venía trabajando en la organización de esa celebración desde diciembre pasado, con el objetivo de “reforzar las acciones pastorales en defensa de la vida”.
