El intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre logró aprobar una ordenanza con la que permite cobrarles impuestos municipales a los parques eólicos de la zona. La iniciativa no era menor desde el punto de vista recaudatorio: en la ciudad patagónica está ubicado el Parque Eólico Chubut Norte I, considerado el más grande del país y con una capacidad para proveer de energía limpia a 330 mil hogares. Por la ampliación del ejido urbano de Puerto Madryn, los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Aunque las energías renovables están exentas de algunos impuestos, el Concejo resolvió aplicar una “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso, con un tributo que se le suele aplicar a toda empresa. A pesar de las críticas empresarias, el municipio a cargo del intendente Gustavo Sastre dio un paso adelante esta semana y estableció una modificación tarifaria en aquella tasa. Ahora, en vez de pagar una suma por los metros cuadrados, los parques eólicos deberán abonar en función de lo que producen; es decir, una suerte de “impuesto al viento”. Para la comuna, la medida implica un salto en la recaudación por la misma tasa de inspección. En la actualidad, los molinos están produciendo alrededor de 1.400 kw mensuales. Las autoridades locales apuntan a que lo que se cobra por la tasa representa unos 84 kw. Es decir, si una empresa abonaba anualmente $800.000 en tasas municipales, ahora abonarán unos $10 millones, señalaron desde la intendencia de Puerto Madryn.
Ya con la ordenanza de abril, la comuna patagónica defendía el tributo al resaltar, como argumento, que el “aprovechamiento de la energía del viento por el ser humano coincide con el desarrollo de las primeras civilizaciones”. “Dentro del ejido de la ciudad de Puerto Madryn se encuentra el parque eólico más grande del país”, puntualiza el texto. La tensión aún no ha tenido una conclusión definitiva. Desde Cader solicitaron meses atrás “enfáticamente al municipio de Puerto Madryn y la Provincia de Chubut desistan de este avance sobre la generación eléctrica a partir de fuentes renovables” y acusó a la medida de “ilegal”. “La ilegalidad manifiesta de la iniciativa de Puerto Madryn radica en que se traduce en una enorme carga para los proyectos renovables, obstruyendo gravemente la continuidad de los proyectos construidos, en construcción y en desarrollo, vía por la cual se comprueba su arbitrariedad y se demuestra el desconocimiento de derechos constitucionales; poniendo así en riesgo el normal desenvolvimiento de la actividad de nuestros asociados, de cientos de puestos de trabajo y el afianzamiento de proveedores locales”, apuntaba el comunicado.
