El gobierno nacional planteó que hace falta una sentencia judicial para calificar una toma de tierras como un hecho ilegal. La postura fue planteada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante las consultas que le hicieron los senadores en el marco del informe de gestión que brindó esta semana en la Cámara Alta. El jefe de ministros recibe preguntas de los legisladores antes de presentarse en la Cámara y remite las inquietudes al área que tiene la información correspondiente para dar una respuesta. Ante la pregunta de un senador radical de Tierra del Fuego sobre las medidas que tomará el gobierno para defender la propiedad estatal y privada, la respuesta brindada por el Ministerio de Seguridad y validada por la Jefatura de Gabinete planteó que el déficit habitacional es una cuestión que debe ser analizada desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas federales y provinciales sólo pueden intervenir ante una orden judicial. El criterio ya había sido expuesto por la ministra Sabina Frederic en diversas ocasiones. Sin embargo, esta vez se incluyó un argumento nuevo: “Una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”. La definición adquiere relevancia en un momento donde se discute la toma de terrenos en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Guernica, en un país donde los procesos judiciales no suelen caracterizarse por su velocidad: hay casos que están abiertos varios años y terminan archivados sin una sentencia.
Un fallo “firme” requiere además que se hayan agotado todas las vías de apelación, lo que convierte el trámite en una experiencia eterna de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales en el país. La ministra Frederic planteó tiempo atrás que las tomas de tierras no son un tema de su área, la seguridad: “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliar con soluciones que se anticipen al problema, si no estamos poniendo la solución del problema sólo en los desalojos que si la Justicia los ordenó, habrá que hacerlos, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley que prohíbe los desalojos hasta fines de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo”.
