El Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, instruyó a Defensores y Fiscales para estudiar la posibilidad de conceder prisión domiciliaria o morigeración de la prisión preventiva, para la población en riesgo alojada en el Servicio Penitenciario bonaerense. A través de una resolución que firmó hoy, el Jefe de los fiscales instruyó a los defensores “que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto, del requerimiento de medidas de prisión domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva”, a los detenidos considerados “población de riesgo” frente el COVID-19.
En la misma resolución, instruyó a la otra parte del juicio, los fiscales, a que “en oportunidad de expedirse sobre requerimiento de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas, evalúen, prioritariamente, de conformidad a los criterios epidemiológicos vigentes y razones de salud pública, los casos que requieren de una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo”. Además, reclama atender con idéntico tratamiento, la situación de los menores de edad alojados, junto a sus madres privadas de libertad, “requiriendo de ser posible, de acuerdo a las particularidades de cada supuesto, su inmediato retiro del ámbito de encierro, durante la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.
