El nuevo Gobierno, asumido el 10 de diciembre pasado, está consiguiendo una reforma del Poder Judicial única en su tipo desde el retorno de la democracia en 1983. El Presidente podrá nombrar cientos de jueces y fiscales para ocupar cargos que quedarían vacantes en todos los fueros y en todas las instancias: juzgados de instrucción, Cámaras de Apelaciones y de Casación y hasta en tribunales orales. Desde que la Casa Rosada anunció la reforma del régimen especial de jubilaciones de los empleados del Poder Judicial, se oficializaron varias decenas de renuncias de magistrados y fiscales. Son mujeres y hombres que prefieren preservar lo que cobrarán de jubilación de acuerdo al sistema previsional al que aportaron durante décadas, antes que resignar lo que les abonarían si no se van de sus cargos antes de que se impongan las nuevas reglas.
Las modificaciones al plan previsional de la Justicia equilibran para abajo las jubilaciones del Poder Judicial. El Gobierno incluyó el proyecto de ley sobre este tema y se tratará próximamente en la Cámara de Diputados. Según datos de la Asociación de Fiscales y de la de Magistrados, hasta el jueves pasado habían presentado su renuncia a sus cargos dieciséis fiscales y veinticuatro jueces. Las mismas fuentes de tribunales admiten que la cifra aumentó. En el Consejo de la Magistratura, el organismo que regula el trabajo de los jueces, el cálculo máximo que hacen sus autoridades jurídicas y políticas indica que dirimirán alrededor de ciento cincuenta jueces.
En el Poder Judicial, a través de sus diferentes asociaciones, se quejan de que la Casa Rosada aproveche la movida para achicar el Presupuesto Nacional. Según el oficialismo, en el sistema previsional hay inscriptos 17.600 magistrados y funcionarios con un aporte promedio mensual de aportes de $ 32.600. Entre los jubilados judiciales, 7.000 tienen un haber medio de $ 289.000. Los “gastos” del Estado para mantener a los jubilados de los tribunales equivalen a 9.200 millones de pesos para el 2020. En el Gobierno creen que al exponer esos números la mayoría de la opinión pública considerará que el cambio en el sistema previsional de los empleados judiciales será una medida positiva. En el Poder Judicial aceptan que las jubilaciones que cobran sus ex miembros son altas, pero se defienden argumentando que cada empleado hace aportes mensuales que superan por mucho a la media de cualquier otro trabajador registrado por el Estado. A eso le suman un argumento político-jurídico: importantes jueces, fiscales y camaristas aseguran que la verdadera intención del Gobierno es provocar una catarata de renuncias para “copar” la Justicia.
