El juez federal Ariel Lijo puso bajo la lupa al Gobierno nacional al requerir informes sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), tras denuncias que apuntan a una maniobra de desvío hacia instrumentos financieros en lugar de obras públicas. La medida alcanza al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, al jefe de Gabinete Diego Santilli y a la Dirección Nacional de Vialidad. El magistrado también solicitó documentación a la Sindicatura General y a la Auditoría General de la Nación para determinar si existieron controles sobre el fideicomiso creado por el decreto 976/01. La causa se originó en presentaciones de la diputada Victoria Tolosa Paz y del gobernador riojano Ricardo Quintela, quienes fueron aceptados como querellantes. Según sus denuncias, al 31 de mayo de 2026 más de 1 billón de pesos del SISVIAL se encontraba colocado en plazos fijos y letras del Tesoro, mientras que apenas 394.406 millones se aplicaron efectivamente a obras y mantenimiento, lo que representa una subejecución del 73,8%. Tolosa Paz acusa directamente al ministro Caputo y a funcionarios de Vialidad y del Banco Nación por presunta malversación agravada de fondos públicos. El planteo sostiene que el dinero proveniente del impuesto a los combustibles, con destino específico a la red vial nacional, fue redirigido hacia bonos, títulos y acciones. Desde La Rioja se advierte que la falta de ejecución obligó a la provincia a cubrir con recursos propios tareas que corresponden a la órbita nacional. En paralelo, Tolosa Paz logró que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, habilitará un amparo colectivo para reactivar obras en Buenos Aires financiadas con el fideicomiso SIT. Las medidas de Lijo buscan reunir pruebas sobre partidas presupuestarias y colocaciones financieras, en un expediente que podría convertirse en uno de los frentes judiciales más delicados para la administración de Javier Milei.
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