En los pasillos de Comodoro Py, la resolución del juez federal Sebastián Casanello marcó un nuevo capítulo en la causa conocida como “Seguros”. El magistrado procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo cercano del expresidente Alberto Fernández, y a otras seis firmas del sector, en el marco de una investigación que expone un esquema de intermediación con Nación Seguros durante la última gestión presidencial. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. quedó acusada de negociaciones incompatibles con la función pública y alcanzada por un embargo de más de 2.870 millones de pesos. El fallo también involucró a Bachellier S.A., Bri Broker S.A., TG Broker S.A., San Germán Seguros S.A., San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, con embargos que superan los miles de millones. En algunos casos, además, se les imputó cohecho activo y dádivas por presuntos pagos de sobornos. El juez no se limitó a las empresas: también procesó a Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Quinta de Olivos, acusado de incumplimiento de deberes y de ser partícipe secundario en las negociaciones irregulares. Sobre él recayó un embargo cercano a los 788 millones de pesos. En su resolución, Casanello subrayó que las compañías se beneficiaron de maniobras ilegales, toleraron conductas de sus representantes y omitieron implementar mecanismos de control o programas de integridad. Ninguna, señaló, devolvió los beneficios obtenidos pese a los riesgos evidentes de sus contrataciones con organismos públicos. La trama no es nueva: en noviembre pasado, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. Los camaristas destacaron que el decreto que concentró las pólizas estatales en Nación Seguros disparó negocios millonarios, aprovechados por intermediarios privados vinculados al entorno presidencial. La crónica de este expediente revela un entramado de relaciones personales, decisiones políticas y beneficios económicos que, según la Justicia, configuraron un circuito de corrupción institucionalizada. El caso sigue avanzando y promete mantener en tensión tanto al mundo judicial como al político.
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