La aprobación de la megaley perfila el primer tramo de la gestión de alberto fernández y es al mismo tiempo un mensaje político a Washington para desalentar recelos generados por la anterior experiencia kirchnerista y algunos resabios ideológicos. Igualmente desde el exterior las acciones se leen en forma global, se atienden los mensajes explícitos en economía y también las señales de posicionamiento internacional. Este último es un punto central, que ha sido tocado por la titular del Ministerio de Seguridad, Sabina Frederic. Primero, sus definiciones sobre la clasificación de Hezbollah como organización terrorista, revisadas por ella misma una vez corregida por la Cancillería y también, su descalificación del peritaje de Gendarmería Nacional que concluyó en que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.
Los movimientos de la ministra, al menos los referidos, no generan precisamente satisfacción a Alberto Fernández y su entorno. Alguna interpretación señala que, en rigor, ese tipo de errores no forzados constituyen para sus autores costos prematuros que no pueden ser adjudicados a maniobras internas. El problema puede tener origen individual, aunque es difícil considerarlo exclusivamente como una una cuestión personal. De todos modos, a nadie escapa que en algún punto deben ser corregidos. Y que esa corrección puede involucrar al Gobierno y no únicamente al funcionario involucrado. Es la gestión, no un unipersonal. El ejemplo referido a Hezbollah ha sido elocuente y podrían serlo también los dichos sobre el peritaje de Gendarmería en el caso de la muerte de Nisman.
Frederic dijo que sería revisado el peritaje realizado por Gendarmería. Afirmó que eso sería hecho “en colaboración” con la Justicia. Y que antes debería esperarse “un tiempito”, porque primero debe concretarse el cambio de jefes de la fuerza. Traducido: la colaboración dependería de la voluntad de la fuerza y a su vez, la decisión dependería de la adecuación de la jefatura al criterio político de la nueva gestión. Desde la Justicia, ya dejaron trascender el rechazo a lo dicho: enfatizaron que en cualquier caso, hacer o rehacer un peritaje es una decisión judicial, no de la fuerza de seguridad, y que Gendarmería en todo caso actúa como “auxiliar”.
