La escena política volvió a verse atravesada por un expediente judicial que involucra a Facundo Moyano. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires lo imputó por desobediencia, tras sospechas de un encuentro con su expareja, Candela Arizaga, pese a la prohibición de acercamiento vigente. El caso, que ya había generado repercusiones en agosto, se reavivó luego de que Arizaga sugiriera públicamente haber coincidido nuevamente con Moyano. Según la resolución fiscal, se investiga un presunto encuentro en un hotel cinco estrellas de Monserrat, lo que podría configurar una violación directa de la medida judicial. La investigación se suma al antecedente que dio origen a la causa: el episodio en Belgrano donde Arizaga fue vista corriendo semidesnuda mientras Moyano la seguía. A raíz de aquel hecho, se abrieron actuaciones por lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En paralelo, la defensa del dirigente sindical también atravesó turbulencias: los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron por “desavenencias insalvables”, siendo reemplazados por Alejandro Valle y Darío Saldaño. Ahora, la atención se centra en la Fiscalía, que deberá determinar si el supuesto encuentro existió y, de ser así, cuáles serán las consecuencias judiciales para Moyano. El caso, aún abierto, mantiene en vilo tanto a la Justicia como al escenario político, donde cada movimiento del dirigente sindical es observado con lupa.
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