El Gobierno británico dio un paso oficial en la disputa por las Islas Malvinas al publicar una guía destinada a compañías que operan en el archipiélago, en un gesto que eleva la tensión con Buenos Aires. El documento, titulado Doing business with the Falkland Islands, marca la primera reacción institucional de Londres tras el endurecimiento de las sanciones impulsadas por Javier Milei contra firmas vinculadas a la explotación de hidrocarburos y la pesca en la zona. La administración británica subraya que “apoya toda actividad económica legítima en las Islas” y reivindica el derecho de los isleños a gestionar sus recursos naturales como parte de su autodeterminación. En materia de soberanía, el texto reitera la posición histórica: las Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar bajo control del Reino Unido desde 1833, con la única excepción del conflicto de 1982. Según Londres, la legislación argentina “no tiene validez” en el archipiélago ni sobre las empresas que allí operan. La guía también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales desde Argentina, aunque minimiza su alcance. Para enfrentar esas presiones, el Reino Unido ofrece asesoramiento y la intervención de la Oficina de Asuntos Exteriores en casos de conflictos con terceros países. Mientras tanto, el gobierno de Milei avanza con medidas administrativas y judiciales: se vetan futuros contratos en Vaca Muerta para firmas vinculadas a Malvinas y la Justicia argentina imputó a directivos de empresas sancionadas. La escalada se produce en un contexto internacional complejo, atravesado por declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que Washington podría revisar su neutralidad en el diferendo y se mostró dispuesto a “intervenir” si la crisis derivara en un nuevo enfrentamiento.
