Los presos mayores de 60 años y los menores a esa edad con factores de riesgo, serán vacunados en la cárceles bonaerenses por fallo judicial. La decisión fue tomada por la Cámara en lo Contencioso de La Plata, a raíz del planteo que había hecho la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, acompañado por Rodolfo Cipriano García. Se trata de un amparo colectivo que busca que las personas detenidas puedan acceder a ser vacunadas. La medida cautelar reclamaba que las personas detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense o en dependencias del Ministerio de Seguridad reciban la vacuna contra el COVID-19, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Con los argumentos de la CPM, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata coincidió en que las personas detenidas “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir a las postas de vacunación”. El Tribunal también reconoció que, en el contexto de pandemia, “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitacionales en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”. A inicios de la pandemia, la Cámara de Casación bonaerense firmó un habeas corpus colectivo presentado por las defensorías generales de toda la provincia, con vistas a que más de 400 presos en cárceles bonaerenses pudieran irse a sus casas a cumplir arresto domiciliario, como una manera extraordinaria de hacer frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses. La decisión provocó polémica social, después de que se conocieran casos de excarcelados que habían salido a delinquir o presos que habían ido a cumplir detención a metros de su víctima. “El sistema de encierro se encuentra colapsado con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 111% de sobrepoblación”, se resaltó. En ese contexto llegó este planteo a la Justicia. Allí se sostuvo que, a la fecha, los detenidos en la provincia “no han accedido al derecho de vacunarse en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos bonaerenses”. También dijeron que aun los que lograron gestionar un turno para poder recibir la vacuna se vieron impedidos de hacerlo porque no obtuvieron a tiempo la autorización y el traslado por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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