En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la defensa de Manuel Adorni presentó un extenso descargo ante la Justicia para justificar la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública. El escrito busca despejar sospechas y se apoya en un argumento central: buena parte de los fondos provendrían de inversiones en Bitcoin realizadas años antes de su ingreso al Estado. El exfuncionario detalló que las operaciones con criptomonedas se concretaron entre 2014 y 2018, bajo modalidades informales y fuera del sistema financiero tradicional. Según la presentación, esas transacciones explican el origen de los dólares que luego fueron utilizados en la compra de propiedades, refacciones, préstamos y consumos diversos. Para respaldar la versión, se aportó un acta notarial que certifica la titularidad de las billeteras digitales y la entrega de las claves privadas a la Justicia. Uno de los puntos más controvertidos es la refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La defensa cuestionó el monto atribuido por el contratista y presentó un estudio técnico que, según su planteo, demuestra que los desembolsos fueron menores y se ajustan al valor de mercado. También se incluyó documentación sobre la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y la compra de vehículos, operaciones que, según el descargo, se financiaron con ahorros previos y préstamos familiares. El escrito responde a los requerimientos del fiscal Gerardo Pollicita y busca instalar la idea de que la evolución patrimonial de Adorni tiene un “sustento verificable”. La estrategia apunta a mostrar que las inconsistencias detectadas por la investigación son residuales y propias de la dificultad de reconstruir con exactitud los movimientos económicos de un grupo familiar durante varios años. En definitiva, la defensa intenta transformar un caso judicial en un debate político sobre transparencia y credibilidad: ¿Se trata de un patrimonio legítimamente explicado o de un entramado de operaciones informales que dejan más dudas que certezas? Esa será la discusión que ahora deberá resolver la Justicia.
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