En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el costo de los servicios públicos se ha convertido en un termómetro político y social. Durante julio, una familia promedio sin subsidios debió destinar casi 296.000 pesos para cubrir luz, gas, agua y transporte, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). La cifra refleja un aumento mensual del 4,6% y un salto interanual del 53%, muy por encima de la inflación estimada en el mismo período. El informe expone que la electricidad fue el rubro más golpeado, con un incremento del 12,5% respecto de junio, producto de los ajustes tarifarios y el mayor consumo por el frío. El gas también subió, con facturas que crecieron 5,2%, mientras el transporte se encareció 3,7%. El único alivio llegó por el agua, que se redujo 4,6% gracias a un descuento regulatorio. La comparación histórica es aún más contundente: desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, la canasta de servicios públicos en el AMBA se disparó 966%, frente a un 241% del nivel general de precios. Hoy, esa canasta representa el 15% del salario promedio registrado, lo que significa que un sueldo alcanza para cubrir apenas 6,5 canastas, cuando un año atrás permitía adquirir 7,8. El transporte emerge como el gasto más pesado, con un 41% de incidencia sobre el total y un incremento interanual del 73%, muy por encima del resto de los servicios. En paralelo, el esquema de subsidios muestra tensiones: los hogares pagan el 54% del costo real, mientras el Estado cubre el resto. En julio se aplicaron bonificaciones extraordinarias que redujeron hasta un 75% el precio del gas y un 66,6% el de la electricidad para usuarios subsidiados. Sin embargo, los fondos destinados al transporte cayeron 27% en términos reales, mientras las transferencias a CAMMESA se dispararon 114% nominal. La fotografía que ofrece el informe no es sólo económica: es política. La discusión sobre tarifas, subsidios y salarios se instala como uno de los ejes más sensibles del segundo tramo del gobierno de Milei, donde el ajuste fiscal convive con el impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares. La canasta de servicios públicos se convierte así en un espejo del modelo económico y en un campo de disputa sobre quién paga el costo del orden fiscal.
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