En los pasillos de Comodoro Py, el eco de un viejo programa de viviendas volvió a resonar. Sergio Massa, exintendente de Tigre y exministro de Economía, se sentó ante el Tribunal Oral Federal N°5 para dar su versión en el juicio por Sueños Compartidos, la causa que indaga el presunto desvío de fondos públicos entre 2008 y 2011. Su relato, más político que técnico, giró en torno a un punto clave: los convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo quedaron truncos y el municipio debió asumir con recursos propios la continuidad de las obras: “A partir de esos incumplimientos fue que el municipio tomó la decisión de continuar las obras”, dijo, marcando la distancia entre las promesas iniciales y la realidad de los barrios. Massa recordó que Tigre firmó al menos tres acuerdos para levantar viviendas en sectores vulnerables como Cina Cina, San Pablo y Villa Garrote, y que al retomar sus funciones rubricó otro para trabajos complementarios. Sin embargo, aclaró que no todos los documentos llevaban su firma: durante parte del período estaba de licencia como jefe de Gabinete y el timón local lo llevaba Julio Zamora, entonces intendente interino. La causa, que investiga un desvío superior a los 206 millones de pesos, tiene como principales acusados a los hermanos Schoklender, junto a exfuncionarios nacionales como Julio De Vido y José López. Massa admitió haber mantenido dos reuniones con los Schoklender, una protocolar y otra por conflictos administrativos, pero evitó profundizar en detalles financieros. “Cada área tiene sus facultades y el intendente no le pide a cada uno detalles”, se excusó. Más allá de las irregularidades, el exintendente subrayó el impacto social del programa: familias que dejaron atrás viviendas precarias para acceder a casas formales. Un contraste que, según él, no puede borrarse de la memoria de Tigre. El juicio, que recién comienza tras años de investigación, ya tuvo como testigo al expresidente Mauricio Macri y espera la participación de otros dirigentes como Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Malena Galmarini. Quince años después, el proceso busca esclarecer responsabilidades en uno de los capítulos más controvertidos de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, donde se cruzan funcionarios, municipios y una organización emblemática de derechos humanos.
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