Cristina Fernández solicitó suspender la ejecución de sus bienes y anular la resolución del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), que dispone que los condenados deben depositar 648.000 millones de pesos. En un escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, la titular del Partido Justicialista criticó el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para fijar el monto. Según la exmandataria, la cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Cristina Fernández afirmó que no posee bienes que puedan ser decomisados y defendió la legitimidad de su patrimonio y el de su familia, apoyándose en fallos judiciales firmes. Además, insistió en que nunca tuvo elementos en su patrimonio que hayan servido para cometer el hecho juzgado ni que sean producto del delito. La defensa cuestionó que los peritos hayan calculado el monto con el índice de precios al consumidor del INDEC, en lugar de utilizar otras referencias como la tasa pasiva promedio del Banco Central. Según Beraldi, el método oficial genera “valores artificialmente altos” y se aparta de precedentes judiciales, como los casos Hotesur-Los Sauces, donde se empleó la tasa pasiva del Banco Nación. En respaldo, la defensa presentó un peritaje del contador José Gaincerain que estimó el decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 en 42.494 millones, apenas un 6% del monto fijado por la Corte. El planteo de la expresidenta busca frenar la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto” y podría derivar en un nuevo tramo de apelaciones que llegue hasta la Corte Suprema. Por el momento, Fernández es la única condenada en la causa que presentó un recurso. Restan definir las estrategias de José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, José Santibáñez, Raúl Daruich, Raúl Pavesi y Juan Carlos Villafañe.
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