El Gobierno nacional dispuso la eliminación de la triangulación de las obras sociales y estableció el traspaso directo de los aportes de los afiliados a las empresas de medicina prepagas, lo que generó una fuerte reacción en la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera se mostró en alerta, pero la medida expuso divisiones internas entre los gremios más grandes y los sindicatos menores. Mientras que los sindicatos de mayor peso consideran que la resolución afecta principalmente a los llamados “sellos de goma”, creados sólo para recibir aportes sin ofrecer un servicio real, los gremios más pequeños, que cuentan con un sistema médico sindical, evalúan recurrir a la Justicia para frenar la decisión del Ministerio de Salud. Según cifras oficiales, la medida representa para los gremios una pérdida de aproximadamente $30.000 millones mensuales, que ahora llegarán directamente a las prepagas. Hasta la publicación de la Resolución 1/2025, los trabajadores afiliados a empresas de medicina prepaga derivaban sus aportes a una obra social sindical, que retenía entre un 3% y un 6% de esos fondos mediante el mecanismo de triangulación. El Gobierno sostiene que esta reforma busca reducir los costos de las prepagas y garantizar que los aumentos de las cuotas se mantengan por debajo de la inflación. Además, argumenta que la eliminación de la triangulación pondrá fin a un “sistema perverso diseñado para sacarle dinero a los beneficiarios y alimentar cajas negras”. Si bien la CGT reaccionó inicialmente con preocupación, con el paso de los días los gremios de mayor peso moderaron su postura y dejaron que los sindicatos menores enfrentaran la situación en soledad. La fractura dentro de la central sindical quedó en evidencia. Por otra parte, la discusión sobre la salud sigue abierta dentro de la CGT. Desde agosto del año pasado, la central obrera viene reclamando al Ministerio de Salud modificaciones en el sistema, como la sustitución del Plan Médico Obligatorio (PMO) por una canasta de servicios de emergencia (CSE) y el incremento de los aportes de monotributistas y empleadas domésticas. Estas demandas, junto con otros reclamos vinculados a PAMI y otros beneficiarios, continúan sobre la mesa en la negociación con el Gobierno.
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