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El próximo miércoles, gremios, organizaciones sociales y agrupaciones políticas participarán en la segunda marcha federal en defensa de la educación pública, una causa que goza de un amplio consenso social en momentos en que crecen las críticas al Gobierno de Javier Milei por los recortes económicos. Entre los principales actores que respaldarán la movilización se encuentran los rectores de las universidades públicas, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), partidos de izquierda y una fracción del radicalismo. Se espera que más organizaciones sociales y sindicales se sumen a la convocatoria. Pablo Moyano, líder de Camioneros y miembro del triunvirato de la CGT, expresó su apoyo a la movilización y resaltó la importancia de defender los derechos de los trabajadores del sector educativo. “Vamos a estar en la Plaza del Congreso apoyando la ley que se votó hace pocos días. Y ojalá que aquellos diputados y diputadas que tienen una oportunidad histórica no traicionen el voto de los trabajadores”, afirmó. Moyano lidera el ala combativa de la CGT, que se enfrenta a una fracción más dialoguista dentro de la central obrera. La marcha, según Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), será “bien federal”, con manifestaciones en todas las capitales provinciales y un gran respeto por la pluralidad. En tanto, los gremios anunciaron la suspensión de actividades para garantizar la participación. Las dos CTA, en un comunicado firmado por Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), también manifestaron su compromiso de seguir luchando contra las políticas de ajuste del gobierno, las cuales consideran perjudiciales para la mayoría de la población y un ataque a la soberanía nacional. En paralelo, el oficialismo y la oposición continúan discutiendo la posible promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, que enfrenta la amenaza de veto por parte de Milei. Aunque el presidente ya vetó el aumento para los jubilados, aún no ha tomado una decisión sobre esta ley, debido al apoyo social que tiene la defensa de la educación pública. Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano intentó frenar la movilización convocando a una reunión paritaria en la que ofreció un aumento salarial del 5,8% para octubre. Sin embargo, los gremios lo rechazaron por considerarlo insuficiente. Según la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la oferta es irrisoria frente a la pérdida salarial acumulada, que calculan entre el 35% y el 55% en lo que va del año. La segunda marcha federal, que promete superar la magnitud de la primera, se perfila como un fuerte reclamo social en defensa de la educación pública y en respuesta a las políticas de ajuste del gobierno.

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