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La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciaron la presentación de un nuevo proyecto de ley ante el Congreso que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Denominado técnicamente como “Régimen Penal Juvenil”, esta iniciativa propone una serie de modificaciones al Código Penal para ajustar las penas de acuerdo al delito cometido por menores de edad. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que, en 2023, se registraron 2.197 delitos cometidos por menores. Este dato impulsó la necesidad de una reforma, según los funcionarios. Bullrich destacó la importancia de esta medida, argumentando que “venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”. El proyecto de ley propone que la pena impuesta a los jóvenes no sólo sea una sanción, sino también una oportunidad para reorientar sus vidas y evitar la reincidencia. “Para las penas que van de 3 a 6 años, vamos a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida”, explicó la ministro Bullrich. El Gobierno comparó esta propuesta con las legislaciones de otros países de la región. En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad de imputabilidad es de 14 años, mientras que en Brasil es de 12 años. Esta comparación subraya la necesidad de alinearse con estándares regionales y abordar de manera más efectiva la delincuencia juvenil. Mariano Cúneo Libarona, por su parte, subrayó la urgencia de dotar a los jueces de herramientas estructurales para encarcelar a menores que delinquen: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo”, afirmó el ministro. La decisión, respaldada por el presidente Javier Milei y los ministerios de Seguridad y Justicia, busca cumplir con la demanda social de justicia y seguridad. “La decisión es cumplir con una sociedad que pide respuestas”, concluyó Bullrich. Con este proyecto de ley, el Gobierno espera no sólo sancionar, sino también ofrecer una salida a los jóvenes inmersos en ambientes delictivos, previniendo así una futura carrera criminal.

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