En el trasfondo de una serie de denuncias y operativos de allanamiento, se profundiza la investigación sobre supuestas irregularidades en los contratos de seguros ligados a instituciones estatales durante el mandato del expresidente Alberto Fernández. Las acusaciones apuntan hacia una presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que generó una gran controversia judicial. Según los datos recabados, la denuncia inicial fue interpuesta por la abogada Silvina Martínez, señalando al exmandatario y a Alberto Pagliano, exdirector de Nación Seguros, por posibles violaciones a los deberes de funcionario público y malversación de fondos. Las acusaciones se centran en la suscripción de pólizas de seguros a través de intermediarios privados, los que, según la denuncia, habrían ocasionado el pago de comisiones en perjuicio del erario público. Los operativos de allanamiento llevados a cabo en 24 empresas y personas relacionadas con el caso, bajo la orden del juez Julián Ercolini y ejecutados por la Policía Federal, representan un paso significativo en la investigación. Estas acciones evidencian el compromiso de las autoridades judiciales en la búsqueda de esclarecer los hechos. El avance de la investigación reveló nuevos indicios como el descubrimiento de contratos sospechosos por un monto estimado de 30 millones de pesos, detectados a través de una auditoría realizada desde el Ministerio de Capital Humano. Este hallazgo subraya la magnitud del presunto esquema fraudulento y la necesidad de continuar indagando para identificar a los responsables. Por su parte, Alberto Fernández negó cualquier implicación en los hechos, reiterando su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los acontecimientos. En una entrevista reciente, el exmandatario reafirmó su inocencia y manifestó su disposición a ofrecer todas las explicaciones necesarias.
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