El kirchnerismo cerró filas en apoyo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtiendo sobre la posibilidad de llevar a la justicia a José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, por incitar a la “rebelión fiscal al instar a no pagar impuestos como el Inmobiliario y el Automotor administrados por ARBA”. Aníbal Fernández, exministro de Seguridad, hizo referencia a las declaraciones del legislador, señalando que tales acciones están claramente tipificadas en el Código Penal. Citó el artículo 230, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para aquellos que públicamente se alzan para impedir la ejecución de las leyes o resoluciones de funcionarios públicos, siempre y cuando no constituyan un delito más severamente castigado. Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, se sumó a las críticas, destacando la llamada a la rebelión fiscal por parte del oficialismo en Buenos Aires, especialmente después de presentar un proyecto para reintroducir el impuesto a las ganancias para trabajadores que ganen $1.000.000, dejando exentos a vehículos y propiedades rurales mientras los asalariados se ven afectados. Espert, por su parte, se negó a pagar los impuestos patrimoniales administrados por ARBA, argumentando que el gobierno no ofrece beneficios a cambio. Además, criticó a Kicillof como un mal gobernador que malgasta los recursos y llamó a no pagar los aumentos en patentes e impuestos inmobiliarios, justificando su llamado como una “rebelión fiscal con sentido común”. Javier Milei salió en defensa de Espert, criticando a Kicillof por su falta de comprensión sobre el derecho de propiedad al aumentar los impuestos, y sugiriendo que el gobernador podría estar confundido por haber leído a “Alberti” en lugar de “Alberdi”. Estas críticas se producen en medio de negociaciones entre el gobierno y los distintos bloques políticos para mantener el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados y promover la nueva Ley Ómnibus, que incluye privatizaciones, incentivos a grandes inversiones, desregulaciones económicas, un aumento del 10% en las jubilaciones y su indexación al IPC, así como un blanqueo laboral.
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