Finalmente se formalizó la imputación al expresidente Alberto Fernández en una investigación que indaga presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de un “broker y empresas privadas” para gestionar seguros en dependencias oficiales durante su mandato. El fiscal federal Ramiro González, respaldado por el juez federal Julián Ercolini, impulsó la causa, implicando también a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros S.A., y a Héctor Martínez. Este último, un bróker vinculado al expresidente a través de su matrimonio con María Cantero, secretaria de Fernández. La denuncia se originó tras la presentación de la abogada Silvina Martínez, quien señaló posibles irregularidades relacionadas con el Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021, que establecía la obligación de contratar servicios de seguros exclusivamente con la empresa pública ‘Nación Seguros S.A.’ en el Sector Público Estatal. La trama de estas contrataciones opacas fue expuesta por una publicación del diario Clarín titulada ‘Destapan otra caja negra de la política en ANSES’. Alberto Fernández rechazó vehementemente la acusación, calificándola de “falsa” y sugiriendo que se trata de una “operación” en su contra. Afirmó que durante su gestión no participó en “negocios con nadie” y desafió a examinar sus declaraciones juradas y verificar la ausencia de enriquecimiento ilícito de su familia. Además, destacó que el Decreto 823/2021 tenía como objetivo poner fin a prácticas corruptas en el ámbito de los seguros estatales. En respuesta al artículo de Clarín, que sugería que Nación Seguros subcontrató a un intermediario con beneficios financieros sustanciales, Fernández criticó la falta de veracidad en la información. Subrayó que la denuncia debería ser investigada para desacreditar la supuesta mentira del medio periodístico. La fiscalía solicitó al juez Ercolini obtener antecedentes relacionados con el Decreto 823/2021 de la Jefatura de Gabinete de ministros y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. También se pidió la colaboración de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Seguros Nación para obtener información relevante sobre contratos y convenios relacionados con el mencionado decreto, incluyendo la participación de intermediarios.
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