Nuevos contratiempos aquejan al Gobierno de Javier Milei, debido al extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) orientado a la desregulación económica. La Cámara Federal rechazó la presentación realizada por la jefatura de Gabinete, liderada por Nicolás Posse, confirmando que “la solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender parte del apartado de desregulación económica debe mantenerse en el ámbito laboral”. Simultáneamente, otro tribunal desestimó dos amparos que cuestionaban la inconstitucionalidad de la totalidad del decreto. En este escenario, la Corte Suprema se verá compelida a determinar si, a pesar de que la Cámara concedió el recurso a la Corte por la apelación del Estado contra la medida cautelar que suspendió una fracción del DNU, se abrirá el recurso extraordinario y, en caso afirmativo, si ratificará o anulará la medida cautelar. La sentencia de los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco constituye un nuevo revés para el Gobierno, sumándose a la decisión de la Cámara de Apelaciones del Fuero Laboral, en periodo de feria, de mantener la suspensión de la reforma laboral. Esta reforma incluye disposiciones como la abolición de la obligatoriedad de los aportes a los sindicatos por parte de trabajadores no afiliados y la restricción del derecho a huelga de los empleados en servicios esenciales. No obstante, el tribunal aceptó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno para elevar a la Corte Suprema la demanda de la CGT contra el cuarto capítulo del DNU que respalda la reforma laboral. La Justicia rechazó la apelación del Gobierno contra la presentación de la CGT basándose en que el Ejecutivo solicitaba que se abordara en el fuero Contencioso Administrativo. Se argumentó que, dado que la demanda de la CGT no involucraba una norma administrativa de aplicación preponderante, el asunto debería tramitar en la Justicia Nacional del Trabajo, según los principios de improrrogabilidad y especialidad establecidos por las leyes 18.345, 19 y 20. Por otro lado, el juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, rechazó dos amparos que buscaban declarar la inconstitucionalidad de la totalidad del DNU. Dichas presentaciones, realizadas por el abogado Jorge Rizzo y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, fueron desestimadas al considerar que no cumplieron con la carga de demostrar de manera detallada la ilegalidad y arbitrariedad que alegaban como fundamentos de su solicitud.
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