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La controversia en torno al pedido de Guillermo Marijuán, de dar de baja a casi 160.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que realizaron viajes de lujo al exterior desde el año 2020, se agravó después de que la ministro de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresara su incapacidad para acceder a la denuncia, lo que provocó una respuesta contundente por parte del fiscal. Marijuán envió un oficio a Tolosa Paz detallando paso a paso cómo se llevó a cabo la investigación que determinó que 159.919 beneficiarios viajaron al exterior, contradiciendo las afirmaciones de la ministro. En sus palabras, el fiscal declaró: “Para que no pueda argumentarse un desconocimiento o falta de notificación, lo que es un absurdo porque, como ya dije, los datos le pertenecen, le remito junto al presente oficio las 4 bases de datos que nos fueran aportadas por el SINTYS como resultado del entrecruzamiento de datos solicitado exclusivamente por el suscripto”. Marijuán explicó que la denuncia se basó en el entrecruzamiento de datos entre el padrón de personas con planes Potenciar Trabajo vigentes proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Social y los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. Según el fiscal, se registraron 1.458.217 movimientos migratorios como motivo para presentar la denuncia penal, y subrayó que estos datos siempre estuvieron al alcance de Tolosa Paz y su equipo. Además de detallar el proceso de entrecruzamiento de datos, Marijuán sugirió a la ministro que se extremen los controles sobre el padrón actual de beneficiarios. El fiscal argumentó que esta situación genera un “enorme perjuicio económico al Estado y puede seguir generándolo en los meses subsiguientes con pagos indebidos de planes” debido a la falta de control evidenciada en meses anteriores, con las inconsistencias detectadas por la AFIP. Un aspecto destacado de la investigación fue el descubrimiento de que 29.076 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo realizaron movimientos migratorios utilizando diferentes líneas aéreas, lo que sugiere una capacidad económica distinta a la que el plan social pretende amparar.

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