Sergio Massa, protagonizó un anuncio que desencadenó una polémica en el ámbito político. El ministro de Economía dio a conocer la prórroga de dos años para la jubilación anticipada, así como el lanzamiento de una línea de créditos del Anses destinada a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, desde la oposición levantaron una voz de alarma, alegando que estos comunicados se llevaron a cabo en violación de la veda electoral previa al balotaje. Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, y el legislador Roberto García Moritán expresaron su descontento en las redes sociales y anunciaron que presentaron una denuncia penal contra Massa por estas acciones. Santoro declaró: “Denunciamos penalmente a Sergio Massa, junto a Roberto García Moritán, por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Artículo 64 quater). Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto”. Patricia Bullrich también se unió a la crítica, acusando a Massa de violar la veda electoral 18 días antes del balotaje y afirmando que “Massa siempre está fuera de la ley. Con sus anuncios ilegales, el ministro Massa viola la veda electoral. ¿Más claro? Imposible. El 19 de noviembre ser neutral es ser cómplice. Hay que ponerle un límite al populismo en Argentina”. La controversia radica en la interpretación del artículo 64 quater del Código Electoral, que prohíbe la publicidad de actos de gobierno que puedan influir en la captación del voto a favor de candidatos o agrupaciones políticas durante la campaña electoral. Sin embargo, la ley no especifica qué ocurre con las violaciones de la veda antes de una segunda vuelta electoral, centrándose en las prohibiciones previas a las elecciones primarias y generales. El incumplimiento del artículo 64 quater podría conllevar sanciones, de acuerdo con el artículo 133 bis del mismo código, que establece que los funcionarios públicos que autoricen o consientan la publicidad de actos de gobierno en violación de esta prohibición podrían ser inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos, con penas que oscilan entre uno (1) y diez (10) años. La situación está generando un intenso debate en la escena política nacional sobre la legalidad de los anuncios realizados por Massa en este contexto electoral.
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