La avenida 9 de Julio y la Plaza de Mayo se convirtieron en el epicentro de una masiva protesta que reunió a piqueteros, organizaciones sindicales, ambientalistas, defensores de derechos humanos, jubilados y estudiantes en una demostración de fuerza en contra del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y su posible ascenso a la presidencia. La incertidumbre generada por los resultados de las PASO del 13 de agosto, en la que Milei obtuvo casi el 30% de los votos, movilizó a estas agrupaciones, que buscan evitar que el dirigente libertario llegue a la Casa Rosada. La consigna de la manifestación fue clara y contundente: “No al ajuste, no a la derecha”. Las organizaciones detrás de la convocatoria hicieron un llamado a los sectores trabajadores para unirse en una protesta que representa la primera movilización conjunta desde las elecciones primarias. Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive y parte de Unidad Piquetera, afirmó: “Estamos convencidos de que esto lo tenemos que parar entre todos. Es la preparatoria a las marchas que se vendrán si llega a ganar Milei, porque a los fachos también se los enfrenta en la calle, con la movilización de todos los trabajadores”. Las organizaciones piqueteras llevaron consigo una serie de demandas, incluyendo la convocatoria al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo, refuerzos alimentarios y la entrega de herramientas prometidas, entre otras reivindicaciones. En Plaza de Mayo, se celebró un acto en el que se leyó un documento acordado por todas las organizaciones convocantes. Según Sulle, “hay una coyuntura especial en el país, contradictoria, distinta, no solamente por lo electoral, sino por las diversas manifestaciones que estuvo haciendo la derecha y el golpe terrible a los bolsillos por el tema de la devaluación y lo que significa el Fondo Monetario y el ajuste que pide”. En la antesala de la protesta, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Gustavo Coria, exigió al Gobierno nacional que convoque a una mesa de diálogo con las organizaciones sociales para evitar una nueva movilización con acampes en la 9 de Julio y en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Coria alegó que estas acciones “estaban perjudicando la libertad y la circulación de millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires” y acusó a las organizaciones sociales de ser “financiadas por el Gobierno Nacional”.
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