La Ciudad de Buenos Aires se sumió en horas de tensión el pasado domingo 13 de agosto, no por los resultados electorales en sí, sino por los serios inconvenientes que se presentaron durante el proceso de votación en medio de las elecciones concurrentes. La jornada electoral, que incluía las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales y la elección de candidatos locales, estuvo marcada por largas filas, dificultades técnicas y denuncias. Los votantes porteños se enfrentaron a una situación inusual al tener que emitir su voto en las PASO nacionales y, en la misma mesa, participar en la elección de candidatos locales utilizando boletas electrónicas. Sin embargo, el proceso no transcurrió según lo planeado por las autoridades locales. Uno de los incidentes más notorios fue la dificultad para imprimir las boletas electrónicas y emitir el voto de manera efectiva. Incluso Patricia Bullrich tuvo que hacer ocho intentos antes de poder completar su voto. A medida que avanzaba el día, las quejas de los votantes sobre las demoras y problemas técnicos se multiplicaban, dando lugar a varias denuncias formales. La jueza María Servini, que tiene influencia sobre la votación nacional, presentó un escrito ante la Cámara Electoral en el que solicitó la eliminación de la Boleta Única Electrónica en las elecciones del 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque su competencia directa no abarca el sistema electoral local, su opinión influyó en las condiciones establecidas. La jueza tomó la decisión de revocar el convenio previamente establecido con el Instituto Electoral, lo que puso en una encrucijada al organismo porteño, dependiente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ante esta situación, el Gobierno local determinó qué en las elecciones generales de octubre “no utilizará” el sistema de sufragio electrónico. En este contexto, las autoridades locales están considerado dos alternativas: la implementación de la Boleta de Papel o la votación en simultáneo con el sistema de boleta partidaria nacional. Sin embargo, para la última opción, el Ejecutivo de la Ciudad debe adherirse antes del 23 de agosto.
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