En medio de las habituales disputas políticas que suelen enfrentar al gobierno de la Provincia con la administración de Mar del Plata, se produjo un inusual acuerdo para evitar una situación de toma de tierras en el municipio costero. Cerca de 50 familias intentaron asentarse en el barrio Belisario Roldán, pero las autoridades intervinieron de manera conjunta para evitarlo. El Instituto de la Vivienda recibió una denuncia sobre la ocupación ilegal de los terrenos y alertó al municipio y a la Policía bonaerense, quienes coordinaron un operativo para frenar el acampe que comenzó el jueves pasado. Según informó la prensa local las autoridades policiales llegaron al lugar y acordaron con las familias que no se quedaran a acampar, ya que el terreno pertenecía a un propietario privado. Las familias solicitaban la posibilidad de permanecer en el lugar y luego negociar un plan de pago por las tierras, argumentando su incapacidad para acceder a un alquiler en la localidad. Posteriormente, tras un despliegue que incluyó la presencia de doce patrullas, el intendente Guillermo Montenegro (PRO) y funcionarios provinciales recorrieron los terrenos y repudiaron la ocupación ilegal, aunque se señaló que se evaluaría la situación de las familias en los próximos días. En ese sentido, el director de Asuntos Legales del Instituto de la Vivienda, Rodrigo Méndez, conversó con los medios y reconoció las dificultades que enfrentan estas personas para acceder a una vivienda. Sin embargo, Méndez repudió la usurpación y afirmó que “la toma no es la forma adecuada” de resolver sus necesidades habitacionales. “Es una situación complicada; esos terrenos están destinados a otros fines”, afirmó Méndez y agregó: “Tan pronto como tomamos conocimiento de los hechos, tanto el administrador general del Instituto, Diego Menéndez, como el gerente técnico, Víctor Antúnez, me enviaron a Mar del Plata para revisar el expediente y conocer más sobre la situación”. Méndez también destacó que la administración está comprometida en brindar soluciones habitacionales, a través de la formación de mesas de trabajo, la entrega de viviendas y la facilitación de créditos. No obstante, subrayó que “está claro que esta no es la forma; rechazamos enérgicamente la toma ilegal de terrenos y cualquier manifestación de violencia que pueda generarse”.
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