El fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Fernández en el juicio por la causa Vialidad. La vicepresidente está acusada de presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. “Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Diego Luciani en su alegato final. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para todos los imputados y el decomiso de 1000 millones de dólares. Fernández es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita. Además está acusada de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Es corrupción o justicia”, cerró su alegato Diego Luciani. El pedido de los fiscales para el resto de los imputados fue de 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta para Lázaro Báez. Pedido de 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de asociación ilícita para Julio De Vido. 10 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de asociación ilícita para el ex secretario de Obras Públicas José López. 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de asociación ilícita para Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Para los restantes ocho acusados las penas solicitadas están entre los 3 y 6 años. El fiscal Diego Luciani dijo no encontrar “un solo atenuante” de la pena solicitada a la vicepresidente Cristina Fernández, a quien consideró “jefa” de la asociación ilícita por las obras concedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno. Luciani expuso un listado extenso de los agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública y refirió a una condena máxima de 16 años de prisión. En el listado de agravantes señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño”, y el “lucro personal” que persiguió Cristina Fernández. También hizo hincapié en el “cargo” que ocupaban ella y su marido, en referencia al fallecido Néstor Kirchner.
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