Martín Guzmán es sin dudas el protagonista de este momento: “Se necesita un amplio apoyo político porque la economía funciona en un contexto de poder y hay que construir credibilidad y calmar las expectativas para poder bajar la inflación”, fue la frase que luego comenzaron a repetir varios funcionarios cercanos a Alberto Fernández. En el Gobierno ya no ocultan que la interna entre el primer mandatario y su vice, se traduce en complicaciones a la hora de gestionar. No sólo para lograr controlar la inflación, que en marzo será superior al 6%, sino en la negociación con las organizaciones sociales que volvieron a rechazar la negativa de la Casa Rosada a otorgar más planes. En Unidad Piquetera convergen organizaciones sociales alineadas al kirchnerismo como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois y el Frente Popular Darío Santillán. Son dos de los grupos más duros a la hora de exigir la apertura de planes sociales. En este contexto de conflictividad social, la pelea entre Alberto y Cristina Fernández, complica la gestión del Gobierno. Martín Guzmán pareció responderle a todos los que cuestionan este acuerdo. “Lo importante es gestionar acorde con gente que esté alineada con el plan económico del Gobierno”, lanzó el titular de la cartera de Hacienda en respuesta a los cuestionamientos del ala dura K, que pide que abandone el Ministerio de Economía. “Para ordenar la economía se debe ordenar la interna”, repiten en el Gobierno. Es que en la Casa Rosada entienden que el conflicto entre los Fernández, sólo genera incertidumbre en el mundo empresario. “La inflación de marzo se ubicará por encima del 6% y estamos trabajando sobre la política de ingresos, para que los salarios le ganen a la inflación”, confirmó Guzmán. Paradójicamente un problema está conectado con el otro. Es que en el Ministerio de Desarrollo Social reconocen que la suba de precios hará que en breve una parte de las personas que habían logrado dejar atrás la pobreza mediante el plan Potenciar Trabajo vuelvan a estar debajo de esa línea. Uno de los reclamos de las organizaciones sociales es llevar el Plan Potenciar Trabajo de los $16.500 actuales a unos $33.000. La cifra, dicen en Desarrollo Social, es elevada.
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